Una fiscal con lazos cuestionables
La gestión de Verónica Hernández Giadáns en la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha estado marcada por escándalos, cuestionamientos y una preocupante cercanía con personajes ligados al crimen organizado. Su parentesco con Guadalupe Hernández «La Jefa», operadora de Los Zetas, pone en duda la imparcialidad y eficacia de su labor al frente de la institución.
Un parentesco innegable
Durante una comparecencia ante el Congreso local, Verónica Hernández Giadáns admitió ser prima hermana de «La Jefa», quien fuera una de las principales colaboradoras de Hernán Martínez Zavaleta, alias «El Comandante H», cabecilla de la organización criminal. Aunque la fiscal aseguró que lleva más de 30 años sin contacto con su familiar, su relación sigue generando desconfianza entre la ciudadanía.
A pesar de sus intentos por minimizar la situación, el nepotismo y los vínculos familiares con delincuentes han sido elementos recurrentes en la política mexicana. La simple existencia de este parentesco afecta la credibilidad de una institución que debería combatir el crimen, no estar relacionada con él.
El desastroso legado de la FGE en Veracruz
Desde su llegada a la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns ha sido incapaz de erradicar el rezago judicial, el aumento de feminicidios y la crisis de desapariciones en la entidad. En su defensa, ha optado por culpar a administraciones anteriores, alegando que la problemática fue heredada y que ella solo ha intentado remediarla.
Sin embargo, colectivos de familiares de desaparecidos han denunciado la inoperancia y falta de voluntad de la fiscal para resolver cientos de casos pendientes. La organización Solecito Veracruz ha señalado que, en cuatro años de su gestión, no se han logrado avances significativos en la identificación de cuerpos en fosas clandestinas ni en la investigación de los responsables de las desapariciones.
Corrupción y encubrimiento en la FGE
El caso de Jorge Winckler Ortiz, anterior fiscal de Veracruz hoy prófugo de la justicia, expone el nivel de corrupción dentro de la fiscalía estatal. Se le ha acusado de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), permitiendo que operaran con impunidad en el estado.
Otros exfuncionarios ligados a la FGE, como Luis Ángel Bravo Contreras y Marco Antonio Lezama Moo, han sido señalados de favorecer a células criminales, liberando delincuentes a cambio de sobornos. Este tipo de acciones socavan la confianza de la población en las instituciones de justicia y fortalecen la impunidad en Veracruz.
«La Jefa»: una pieza clave en Los Zetas
El vínculo de Verónica Hernández Giadáns con el crimen organizado no solo radica en su parentesco con Guadalupe Hernández «La Jefa», sino en la influencia que esta tuvo dentro de Los Zetas. «La Jefa» no solo era la segunda al mando de una de las células más violentas, sino que también colaboró con autoridades estatales proporcionando información a cambio de beneficios.
Este intercambio de favores entre criminales y funcionarios ha sido una constante en Veracruz, permitiendo que las estructuras delictivas se mantengan y expandan. La historia de «La Jefa» demuestra cómo la delincuencia organizada se infiltra en el poder público, corrompiendo a quienes deberían combatirla.
La urgencia de erradicar la corrupción del poder
La permanencia de personajes como Verónica Hernández Giadáns en la Fiscalía de Veracruz es una amenaza para la justicia y la seguridad en el estado. Mientras se mantengan funcionarios con vínculos familiares o de amistad con delincuentes, el crimen organizado seguirá teniendo margen de acción.
La sociedad exige transparencia, imparcialidad y justicia. La gestión de la fiscal ha demostrado que estos valores han sido relegados en favor de intereses personales y políticos. Es imperativo que se realicen investigaciones a fondo y se destituyan a funcionarios corruptos, con el fin de reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.
El caso de Verónica Hernández Giadáns es un recordatorio de por qué se debe erradicar la impunidad y evitar que personas con conexiones al crimen organizado ocupen cargos de poder. Solo así se podrá garantizar un sistema de justicia limpio, eficiente y al servicio de la sociedad.
